Por: D´mar Córdoba Salamanca –Codirector de la Barca de William Calderón

Desde el sábado 1 de julio entró en vigencia la ley 1786 que modifica el artículo primero de la ley 1760 de 2015 que indica expresamente que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrán exceder más de un (1) año.

Por lo que las personas que lleven un año o más con detención preventiva en establecimiento carcelario sin que tuvieren su situación jurídica resulta, podrán recuperar la libertad, previa solicitud ante un juez de control de garantías; y seguir su proceso pero en su casa.

Pero analizando la norma, el legislador le dio una nueva oportunidad a las autoridades para que puedan acudir ante el juez de control de garantías y, de manera justificada, solicite que se prorrogue, hasta por un año, la medida de aseguramiento preventiva.

Debo anotar que para saber a cuáles conductas que permiten la solicitud de prórroga hay que ver con detenimiento, el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), lo que tiene que ver con actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Y es por lo anterior que tanto el ministro de la Justicia como el fiscal General de la nación, iniciaron gestiones para evitar excarcelaciones de personas investigadas por temas de corrupción, o cuando la defensa de los imputados haya retrasado injustificadamente el juicio o cuando el sujeto de la medida siga delinquiendo desde la cárcel.

El gobierno ya alertó que hay demandas contra el Estado Colombiano por unos 23 billones de pesos, por privaciones injustas de la libertad.

Pero hay que decir con toda sinceridad que es ésta medida que buscaba bajar los índices de hacinamiento en las cárceles, será un verdadero dolor de cabeza para los jueces de la república que por congestión y falta de aparato judicial no han podido definir la situación de más de 11 mil presos que podrían solicitar su libertad.