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El 5 de noviembre de 2011 en desarrollo de las denuncias publicadas sobre la invasión y construcción ilegal al interior del Parque Tayrona; luego del anuncio del Presidente Santos de la construcción del hotel Six Senses hubo una publicación en particular. La de una cabaña que figuraba a nombre de un pescador que costaba más de $ 600 millones en la playa de Cinto, Parque Tayrona. (VER PUBLICACION DE EL HERALDO: http://bit.ly/2moWPEV)

Catorce días después de la publicación, y luego de un año de enfrentamientos jurídicos, el 19 de noviembre de 2011 las autoridades confirmaron que la cabaña que denunciamos se había construido violando normas ambientales y sin permisos, era rápidamente demolida. Cabaña que de acuerdo a versiones recibidas de pescadores artesanales del sector en realidad era propiedad de la familia de la hoy Ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.

Demolición y traslado de material que se surtió el día 20 de noviembre con la lancha de nombre “Papebupa” con número de matrícula: CP 40954.

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Los mismos pescadores no dejaron pasar la oportunidad para señalar que el padre de la hoy Ministra pagó para que las barreras coralinas, de gran riqueza, fueran dinamitadas para facilitar el paso de su yate “Denver” y su lancha la “Moni Moni”.

Más allá de este antecedente familiar y los intereses que asocian a la Ministra con la posibilidad de volver a construir la nueva infraestructura familiar al interior del Parque Tayrona se suma la conocida cercanía de ésta con los socios de los proyectos Six Senses y Ciruelos, quienes nunca han renunciado a su construcción y también tienen su historia de destrucción en el Parque Tayrona. (VER PARQUE TAYRONA: DE REPLAY, CON LOS MISMOS DE COSTAS CHRIST Y SIX SENSES: http://bit.ly/2maz1nQ)

Proyecto Six Senses que en su oportunidad pretendieron aprobar sin las consultas previas apoyados por algunas autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de entre ellos el hoy Asesor del Ministerio de Ambiente, Danilo Villafañe. Acto que los Mamus de los cuatro pueblos reprobaron. (VER VIDEO PUBLICADO POR EL ESPECTADOR EL 31 DE OCTUBRE de 2012: http://bit.ly/2ma55YQ)

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El Decreto

De la Ministra Lacouture se han escuchado reiteradas declaraciones sobre el decreto. Con ellas ha expresado una supuesta voluntad de conservacionismo natural al interior de los Parques con el famoso decreto que impulsa.

Lo que no ha revelado la Ministra, con sus declaraciones, son los puntuales ejes que sostiene como objetivos el dichoso decreto.

No ha dicho que con el mismo se pretende crear la figura del turismo naturaleza en áreas del Sistema de Parques Nacionales con un enfoque sectorial de desarrollo económico y de rentabilidad, que privilegia la explotación comercial prevaleciendo éstos por encima de los fines de conservación.

Que con la figura del turismo naturaleza deja abierto el camino para la construcción de nuevas infraestructuras hoteleras y de servicios de hospedaje en los Parques Nacionales.
No contó tampoco que de un plumazo con el mismo decreto se deroga el artículo 5 de la Resolución 531 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dispone que las únicas nuevas infraestructuras permitidas para el alojamiento en los Parques Nacionales son las carpas y las hamacas en las zonas definidas para camping.

Y mucho menos nos ha enterado que para fundamentar la expedición del citado decreto se apoyó en el artículo 27 de la Ley 300 de 1996, artículo sobre la que muchos especialistas concluyen no cuenta hoy con fuerza ejecutoria.

Temas sobre los que bien debiera referirse la Ministra Lacouture y aclararles a los colombianos.

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La incómoda resolución

De todo el articulado que compone el proyecto de decreto, quienes hemos podido leerlo, entendemos que el principal objetivo que se persigue con el mismo es sacar de circulación la Resolución 531 de 2013. El más importante logro tendiente a proteger los Parques Nacionales y las Áreas Protegidas del país, haciendo prevalecer la función de conservación por encima de cualquier otra actividad.

Muchos han sido los ataques contra esta norma que en su momento legaron al país Ministros de Ambiente como Frank Pearl, que dejó sentadas las bases, Juan Gabriel Uribe, que lo suscribió, y Luz Elena Sarmiento y Gabriel Vallejo que lo implementaron dejando un sistema ambiental debidamente resguardado.

El último de los ataques de que fue víctima esta Resolución lo propinó en el 2015 un paisano de la Ministra Lacouture, el samario Fabián Enrique Granados Codina. Quien invocando defender los derechos de consultas previas de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta interpuso ante el Tribunal Administrativo del Magdalena una acción de tutela con la que solicitó dejar sin efecto la totalidad de la Resolución 531. (VER DEMANDA DE TUTELA: https://1drv.ms/b/s!AsDo-13e3F1PkiD-24iaA5uU93r4)

Con lo que no contó el samario Granados Codina fue que las mismas comunidades indígenas expresaran ante el Tribunal Administrativo que la Resolución 531 resultaba ser una garantía de protección de los Parques y de sus derechos ancestrales, por más de cien años conculcados y sólo hasta ahora reconocidos mediante fallos judiciales.